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Evaluación anunciada por el Consejero de Educación.
CC.OO., UGT y la FAPA Giner de los Ríos piden la paralización de la evaluación
Por: Antonio
El Miércoles 27 abril 2005.

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El anuncio de la Consejería de Educación de llevar a cabo una prueba de evaluación sobre la totalidad del alumnado que cursa 6º de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, ha causado honda preocupación en la comunidad educativa. La prueba se sitúa al margen del Acuerdo por la Mejora de la Calidad de la Educación firmado el pasado 9 de marzo.

Preocupa, en primer lugar, la falta de claridad respecto a los objetivos de la prueba. El artículo 101 de la LOCE faculta a las Administraciones Educativas para establecer planes de evaluación cuyos criterios y procedimientos deben ser conocidos por la comunidad educativa. A día de hoy, la Consejería de Educación no ha explicitado, de manera clara y fehaciente, dichos criterios y procedimientos.

Lo que sí está claro es que Educación ha obviado a los profesionales en la elaboración y organización de las pruebas. No se ha contado con el profesorado ni con el servicio de inspección, ni con los equipos de orientación... Se va a producir la paradoja de que la prueba de evaluación que realice el Gobierno Regional se sumará a la evaluación que el Servicio de Inspección tiene recogida en su plan de trabajo y que lleva a cabo desde hace tres años en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas, las mismas que la Consejería pretende evaluar. La situación es todavía más sorprendente si se considera que desconocemos a quién se ha encargado el diseño de la prueba. El mensaje es demoledor: la Consejería desconfía del Servicio de Inspección, seleccionado mediante rigurosos procedimientos por la propia Administración.

La prueba supone un desprecio al profesorado, ya que cuestiona la evaluación continua que éste viene realizando al alumnado y confunde a las familias al poner en tela de juicio los resultados de sus hijos e hijas. Además, al tratarse de una evaluación externa al centro, entendemos que debería contar con la autorización de los padres y madres y con el acuerdo de los consejos escolares.

La prueba dista de ser una evaluación del sistema educativo, ya que se va a centrar únicamente en la evaluación cuantitativa de determinadas competencias del alumnado. Se trata pues de una apuesta muy parcial de la que será difícil sacar conclusiones generales, ya que no se evalúa la situación de partida, los medios y recursos empleados, la tipología del centro y del alumnado... Los resultados pueden ser muy injustos con centros que trabajan con un elevado porcentaje de alumnado con necesidades de compensación educativa, que pueden alcanzar resultados poco brillantes en términos estadísticos y que sin embargo han conseguido que sus alumnos/as alcancen grandes progresos respecto a su situación de partida. Y aquí aparece uno de los riesgos más evidentes: la tentación de hacer un “ranking de centros” a partir de los resultados constituiría una grave irresponsabilidad política que sería contestada por CC.OO,, UGT y la FAPA “Giner de los Ríos” con todos los medios a nuestro alcance.

La evaluación no debe llevarse a cabo con la finalidad principal de clasificar al alumnado, distinguiendo aquellos que alcanzan los objetivos y la gradación con qué lo hacen de los que no. La evaluación debe servir para corregir los déficit que se detecten. Por tanto, la Consejería de Educación lleva a cabo una apuesta arriesgada, ya que los resultados de la prueba obligarán a tomar medidas de mejora que se traducirán en más medios y recursos a disposición de los centros. Y las organizaciones firmantes vamos a ser especialmente rigurosas en esta cuestión.

Pero si el objetivo fuera el de la mejora del sistema y de sus resultados, la prueba de evaluación debería llevarse a cabo antes del sexto curso, en tercero o cuarto de Primaria por ejemplo. De ese modo podría intervenirse con actuaciones de mejora dentro de la etapa y el alumnado llegará a sexto en mejor situación. Lo que va a hacer la Consejería de Educación es trasladar a la sociedad madrileña una imagen distorsionada de nuestro sistema educativo. Pero los alumnos y alumnas de Sexto pasarán a la ESO con lo mucho o lo poco que sepan en Lengua y Matemáticas.

Si lo que se persigue no es la mejora del sistema, habrá que mirar hacia otro lado para encontrar las razones que animan a la Consejería a poner en marcha esta iniciativa. Y más si consideramos que la Administración ya dispone de las evaluaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inspección a lo largo de los últimos años. Incluso, la Consejería ya llevó a cabo el curso pasado una evaluación, también en sexto de Primaria, sobre una muestra de 57.000 alumnos/as que podemos considerar suficientemente representativa. Por tanto, el Gobierno Regional dispone de datos suficientemente fiables -que sin embargo no ha hecho públicos- sobre los conocimientos en Lengua y Matemáticas del alumnado madrileño. Si tenemos en cuenta que la Comunidad de Galicia o la de Valencia estudian poner en marcha pruebas similares, podemos hacernos una idea más aproximada de la intención que esconde la evaluación que se sitúa más en el terreno de lo político que de lo educativo y tiene que ver con un intento de deslegitimación del anteproyecto de Ley Orgánica de Educación.

Más allá de la opinión que nos merezca el Anteproyecto de Ley, en el que encontramos luces y sombras, las organizaciones firmantes rechazamos el intento de utilizar el sistema educativo como arma arrojadiza en una pelea partidista.

Por todo ello, CC.OO, UGT y la FAPA “Giner de los Ríos” pedimos la paralización de las pruebas con objeto de que se puedan consensuar los criterios y procedimientos y llevar a cabo una evaluación del sistema educativo madrileño que contemple los parámetros enunciados y nos sirva para mejorarlo.

En todo caso, el Gobierno Regional tiene que ser consciente de que los alumnos a los que pretende examinar ingresaban en la educación primaria en 1.999, el año en que la Comunidad de Madrid asumía las competencias en educación. La educación madrileña ha estado gestionada desde entonces por gobiernos del Partido Popular. Por tanto, no hay otro responsable posible de los resultados de nuestro alumnado. Si finalmente la evaluación se lleva a cabo estaremos todos atentos: el Gobierno Regional se examina.

CC.OO. UGT FAPA Giner de los Ríos


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